miércoles, 11 de abril de 2012

Noticias


Página 12 - 24 de agosto de 2012




El penal de Marcos Paz es una de las
unidades del SPF relevadas en el informe.
SOCIEDAD › SE PRESENTO EL INFORME DEL REGISTRO NACIONAL DE CASOS DE TORTURA

Un registro sobre el horror

Se detectaron 791 casos de tortura sobre 30 unidades penitenciarias e institutos de menores, federales o bonaerenses. Los varones jóvenes conforman el grupo más violentado. Sufren especialmente agresiones físicas y aislamiento.


  Por Horacio Cecchi
Un meticuloso informe de los casos de tortura y la lógica de su funcionamiento en seis cárceles federales y 21 unidades dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense, además de tres institutos provinciales para adolescentes, revela que en 2011 se produjeron 791 casos de torturas y malos tratos, sobre 436 víctimas. El informe, presentado en la Facultad de Derecho, es el resultado de un trabajo en conjunto entre la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Germani. Los datos son provistos desde el Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos, que analiza los 11 ítems que son considerados tortura y/o trato degradante según recomendaciones de las Naciones Unidas.

El informe del Registro Nacional revela cifras estremecedoras pero su objetivo, según señalan las recomendaciones del Subcomité Contra la Tortura de la Naciones Unidas, más que denunciar cuando ya se ha producido el delito, es monitorear para conocer su lógica y mecanismo que la posibilita, con el último fin de evitar que se produzca. Para ello, los tratados internacionales que han sido firmados por Argentina señalan la obligatoriedad de constituir un Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, que deberá constituir un comité de expertos independientes del poder político y judicial, con amplias facultades para visitar cualquier unidad de detención de personas (esto incluye comisarías, encierro de adolescentes, psiquiátricos, además de cárceles) sin previo aviso. Además deberá conformar un Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos destinado a registrar no con fines estadísticos sino de estudio de los mecanismos que posibilitan la tortura. En este caso, el registro fue creado antes que su creador, ya que el proyecto de ley para constituir el Mecanismo tiene media sanción en Diputados (con obvio acuerdo del oficialismo), pero se hamaca en el Senado esperando que algún video lo dispare.

Sin video, y por ahora sin Mecanismo, el RN revela usos y costumbres prohibidos, pero difíciles de extirpar, en un amplio espectro carcelario, ya que entre el SPF y el SPB se reúnen las dos terceras partes de los 65 mil detenidos del país. El informe trabajó sobre 11 ítem previamente definidos como tortura según cánones internacionales: agresiones físicas; aislamiento; requisa personal vejatoria; amenazas; traslados gravosos; traslados constantes; malas condiciones materiales de detención; falta o deficiente alimentación; falta o deficiente asistencia de la salud; robo de pertenencias por parte de funcionarios; impedimentos de vinculación familiar y social. La lista de 11 rubros parece indicar –especialmente a jueces y fiscales– que prácticamente no hay unidad de detención que pueda eludir el registro de torturas.

En el informe se observa que los varones jóvenes son los que más sufren torturas. De los 791 casos, el 91,8 por ciento son varones y casi el 80 por ciento (78,8) tiene 34 años o menos. El grupo más numeroso en el que se concentra el maltrato es el de entre 24 y 34 años, con el 48,2 por ciento. El tipo de tortura padecido más habitual son las agresiones físicas, ocurridas en 584 de los 791 casos (73,8 por ciento). El aislamiento lleva el 66 por ciento. La sumatoria total de casos supera ampliamente el ciento por ciento de la muestra (401,1 por ciento). Para los investigadores esto demuestra que los denunciantes sufrieron en promedio en los dos últimos meses previos a la entrevista cuatro tipos de tortura sobre los 11 delimitados. Según dijo a Página/12 Roberto Cipriano García, director del CCT de la CPM, “da cuenta de la multidimensión de la tortura, se trata de situaciones combinadas y agregadas: al tipo que fue apaleado, lo bañan en agua helada para borrarle las marcas, lo encierran en un buzón quince días, le dan pan y agua, no lo dejan ver la luz ni puede recibir visitas, y lo terminan trasladando lejos después de robarle todas sus pertenencias”.

Francisco Mugnolo, titular de la PPN, dijo a este diario que “no es una aparición oportunista en un momento de tanto debate sobre cárceles; venimos trabajando hace tres años, determinando cómo se debe registrar; nos llevó un año el protocolo de cómo se hace el registro. El informe nos dice que no cambió nada, que las prácticas continúan”.

–¿Hubo modificaciones entre la anterior gestión del SPF y la actual? –preguntó este diario.

–Hortel lleva apenas un año y medio. La práctica sigue, la diferencia es que cuando denunciamos casos, él no los consiente. No impide que se investigue. Y ordenó, por ejemplo, que se retirara el equipo de abogados del Estado que defendían a los penitenciarios acusados de torturas.

horaciolqt@yahoo.com.ar
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-201765-2012-08-24.html



Página/12 22  de agosto de 2012

SOCIEDAD › CASACION CONSIDERO INCONSTITUCIONALES LAS CONDENAS A PERPETUAS APLICADAS A ADOLESCENTES

Un fallo esperado durante quince 

años

Tres jóvenes condenados a perpetua por delitos cometidos cuando tenían entre 16 y 17 años podrán quedar libres. La Sala II de Casación Federal ordenó revisar las penas, a las que consideró inconstitucionales, y remitió copia a la Comisión Interamericana de DD.HH.
 Por Horacio Cecchi
Un fallo de trascendencia, atrasado una docena de años, consideró inconstitucional que niños y adolescentes menores de 18 años sean condenados a perpetua. El fallo, de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, resolvió ayer sobre tres de los cinco casos de menores condenados a perpetua en el país y que llegaron en reclamo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos: César Mendoza, David Núñez y Lucas Mendoza. La resolución cumple con la Constitución y los tratados internacionales firmados por Argentina. El fallo de Casación tiene sus bemoles: llegó, pero llegó cuando los adolescentes condenados habían pasado casi la mitad de sus vidas tras las rejas. Y demasiado tarde en el caso de uno, David Videla Fernández, que apareció colgado en una celda de la cárcel de Mendoza, lo que en otro expediente internacional también provocó la condena de Argentina por su estado denigrante.
El fallo de la Sala II, de Casación, integrada por los jueces Angela Ledesma, Ana Figueroa y Alejandro Slokar, trató sobre los casos de César y Lucas Mendoza, y Claudio Núñez. En tiempos del menemismo, abril del ’99, sobre los dos últimos había recaído la primera condena a perpetua a adolescentes en la historia del país, dictada por el Tribunal Oral 1 de Menores porteño, integrado por Eduardo Albano, Marcelo Arias y el juez subrogante Claudio Gutiérrez de la Cárcova, que ni siquiera era especialista del fuero (pertenecía al Penal Económico). A César Mendoza lo condenaron los mismos jueces, cuatro meses después. Los tres tenían entre 16 y 17 años al momento de cometer los delitos por los que fueron condenados.
Y los tres se agregaron a la denuncia iniciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por David Videla y Saúl Roldán Cajal, ambos condenados entre marzo y noviembre de 2002, por los jueces Eduardo Brandi, Carlos Parma y Oscar León, del Tribunal en lo Penal de Menores de la 1ª Circunscripción Judicial de Mendoza.
Después de que el Estado argentino reconociera los cinco casos, pero no realizara gesto alguno para modificar en esencia nada que redujera las condenas, en el informe 172/10 de noviembre de 2010, la CIDH finalmente dio un plazo al país para que se ajustara a los estándares internacionales aprobados por el país y con rango constitucional, admitiera una revisión de las condenas, sancionara leyes acordes y avanzara en una investigación sobre la muerte de David Videla Fernández, que en 2005 apareció colgado en una celda de la pútrida cárcel de Mendoza, sin que el Estado hubiera investigado en forma profunda las causas de su muerte. La CIDH recomendó además indemnizar a las familias y por las violaciones a los derechos humanos.
El Estado, que aceptó el reclamo, nunca formuló respuesta, lo que provocó que la Comisión elevara un pedido de condena a la Corte Interamericana que decidió aceptar el caso y convocar a las partes. Ayer, antes de que se realizara la primera audiencia, en territorio argentino la Sala II de Casación admitió el trámite de revisión del caso presentado por los defensores de los dos Mendoza y de Núñez, y anuló las sentencias del Tribunal Oral 1 de Menores porteño.
La Sala II, en un fallo de 107 folios y con el voto de Ledesma, que fue acompañado por Slokar y Figueroa, declaró la inconstitucionalidad del artículo 80 inciso 7º del Código Penal en orden a la pena de prisión perpetua prevista en relación con niños, niñas y adolescentes por considerar que no cumple con la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio de culpabilidad. De ese modo, anuló las sentencias recurridas y ordenó remitir la causa al Tribunal Oral de Menores 1 para que fijara una nueva sanción de acuerdo con los parámetros expuestos en la sentencia y en el informe 172/10. De hecho, en la resolución final, ordena enviar copia del fallo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se sustancia el reclamo internacional.
Pese a que la Sala II no ordenó la libertad sino la revisión del fallo, los abogados de la Defensoría General de la Nación, que representan a los tres, podrían presentar hoy mismo un pedido de excarcelación inmediato. El tiempo que transcurrieron en prisión excede largamente el tiempo máximo disponible a aplicar según las convenciones, que debería asimilarse en casos de adolescentes a la pena por tentativa del delito por el que fueron acusados. Pero también excede el tiempo ya pasado en prisión, lo que debería dar por cumplida las condenas.
Aunque el fallo remite sólo a los tres casos, la resolución sobre inconstitucionalidad debería arrastrar los casos de Roldán Cajal y trágicamente tarde, el de Videla Fernández, además de otros cuyos destinos menos publicitados y sin haber sido incorporados a reclamos ante los tribunales internacionales fueron condenados tan inconstitucionalmente como lo fueron los tres beneficiados por la revisión. Pero desde otro aspecto, el fallo no es definitorio más que para estos tres casos, ya que el propio Pedro David, actual presidente de la Cámara, y Raúl Madueño, vicepresidente, junto con Juan Fégoli, en abril de 2000 como Sala II, convalidaron la perpetua a menores en la apelación de los casos que ahora fueron considerados inconstitucionales.
Lucas Mendoza, con 31 años, se encuentra actualmente detenido en el penal de Devoto. Claudio Núñez, con 32, y César Mendoza, con 33, están alojados en el penal de General Pico, La Pampa.








































































































Página 12 - 13 de agosto de 2012

SOCIEDAD › ENTREVISTA A JUAN PARCHUC, COORDINADOR DE FILOSOFIA Y LETRAS DE UBA XXII EN CARCELES

Juan Pablo Parchuc cuestionó la información periodística
que  desató una polémica por las salidas.

“Las tapas del pánico social”

Parchuc se refiere a las consecuencias negativas que desata el discurso punitivista en los medios. El pánico social. El estudio en las cárceles. La función de reinserción de la universidad para los presos. La relación inversa entre estudio y reincidencia.

  Por Ailín Bullentini

Hace algo más de 30 años, la Universidad Nacional de Buenos Aires desembarcó en la cárcel de Devoto e hizo estallar en mil pedazos la lógica imperante del sistema penitenciario, que intenta hundir a quien atenta contra el funcionamiento de una sociedad en la más profunda de las soledades. Un crisol de vínculos sociales se teje constantemente en las aulas universitarias de esa cárcel, modelo que se replicó en la de Ezeiza, de mujeres. Juan Pablo Parchuc es coordinador de la Facultad de Filosofía y Letras en el marco de UBA XXII, el programa educativo de esa casa de altos estudios en prisiones. En diálogo con este diario, analizó los porqué de ese efecto de ruptura que los claustros universitarios logran entre rejas y sus aportes a las personas privadas de su libertad.

–¿Afectan al trabajo del Centro Universitario de Devoto las versiones que circularon respecto de las salidas de presos a actos militantes?

–Las consecuencias serán negativas para el trabajo que se desarrolla de manera continuada desde organizaciones, universidades, sindicatos, para gente que trabaja continuamente en las cárceles. Desde el CUD, por ejemplo, hacemos diferentes tipos de salidas con los presos que estudian allí como parte de nuestro trabajo, porque nos interesa vincular el afuera con el adentro. Estas movidas mediáticas suelen diluirse rápido de las tapas de los diarios, pero sus efectos continúan. Despiertan el pánico social respecto de la inseguridad que implicaría la salida de presos de sus contextos de encierro, además de tener su implicancia –tampoco positiva– sobre el trabajo de los jueces, que están todo el tiempo midiendo la opinión pública para tomar decisiones. Los presos nunca salen sin custodia penitenciaria. Nosotros procuramos que cuando ellos llegan a la actividad se les quiten las esposas, pero la custodia penitenciaria los acompaña en todo momento, a todos lados. Salvo que sea una persona que esté en una etapa de su condena que le permita salidas transitorias o libertad condicional, en todos los casos salen custodiados y por más de una persona, incluso. Y encima armados. No es que el preso está libre.

–¿Qué importancia tiene para un preso el contacto con el afuera?

–Ese contacto tiene dos instancias. El salir a la calle, realmente, y el contacto que logran con alguien de afuera que entra a la cárcel. La experiencia del CUD da cuenta de que todos los vínculos que los presos universitarios generan con los docentes, con las organizaciones sociales, con las agrupaciones estudiantiles los cargan de herramientas que les permitirán afrontar mejor su salida en libertad. Saldrán menos desprotegidos. El tratamiento que la cárcel le da a un preso es muy limitado, sabemos que hay una cultura carcelaria teñida de violencia con una lógica muy moralista de lo que implica ese tratamiento y muy individual. La universidad rompe esa lógica penitenciaria, sostenida no sólo por el servicio penitenciario sino por todo un Estado implicado en esa situación de encierro. La Justicia, el servicio, los medios de comunicación que generan pánico a la delincuencia e inseguridad. A nivel nacional, el 50 por ciento de los presos no tiene condena. A nivel provincial, esa cifra asciende al 70 por ciento. La progresividad de los últimos 15 años es exponencial en cuanto al aumento de la población carcelaria. Pero eso no es solamente porque hay más delincuencia, porque también entra en juego la necesidad del sistema de encarcelar por la reacción frente a la inseguridad. Y ese mecanismo de reacción y control sólo recae sobre un sector de la sociedad: todas las personas delinquen pero sólo los pobres están en cana.

–¿Cómo rompe el CUD esa lógica, entonces?

–La presencia institucional de la universidad adentro de la cárcel revierte esa lógica individual que mide a los presos en solitario, en términos de conducta, en un mecanismo colectivo. La educación adentro se vuelve un hecho colectivo, sobre todo como hecho político, todo lo que se produce en ese espacio redunda en más derechos para toda la población de la cárcel. La asesoría jurídica del CUD, por ejemplo, en la que los estudiantes de Derecho avanzados y profesionales de afuera asesoran a los presos que lo necesiten, abandonados por defensores oficiales que no los ven nunca, para presentar una nota o un hábeas corpus. Se elaboran proyectos de ley también allí. La actual ley de ejecución de la pena salió del CUD. Hace poco se formó el sindicato único de trabajadores privados de la libertad que funciona para todos los presos.

–¿Existe relación entre un preso universitario y la posibilidad de que reincida en el delito?

–El tema de la reincidencia se menciona como un comodín pero es engañoso. Entendemos que si una persona reincide tiene que ver con condiciones que arrastra desde que cayó por primera vez; la cárcel no le da ninguna herramienta para poder afrontar el afuera de otra manera. Si sale, busca trabajo y no lo consigue por tener antecedentes; si el patronato de liberados no lo ayuda en su inclusión, no le queda demasiado. La educación sí da herramientas para que afronte el afuera mejor preparado.

–¿Qué pasa con el discurso que impera en la sociedad y que despierta rápidamente cuando circulan versiones como la de las salidas de los presos a actos militantes?

–La tapa de Clarín resalta un discurso presente en el sentido común, construido institucionalmente con la contribución de varios otros discursos. Hemos visto un gran avance en términos de derechos que no siempre es acompañado por la opinión pública. Uno siempre se choca con ese discurso instalado sobre el pánico moral a la delincuencia, los pibes chorros. Va a costar mucho instalar en la opinión pública un discurso contrario al del encierro y la penalización, al discurso punitivo, algo que sólo se conseguirá tras una larga batalla cultural, de constante esfuerzo y trabajo, que hay que dar en varios frentes.


Página 12 - 5 de setiembre de 2012

Cárceles, salidas y reinserción social

Especialistas en Derecho Penal y defensores de los derechos humanos defendieron las políticas que se implementan para favorecer la reintegración de detenidos. Críticas a la difusión de actos por redes sociales y a las operaciones mediáticas.

  Por Eduardo Videla

Jueces, especialistas en Derecho Penal, organizaciones defensoras de los derechos humanos y funcionarios del Estado consultados por este diario se manifestaron a favor de las salidas de detenidos para realizar tareas de reinserción social mientras esperan una sentencia o el cumplimiento de una pena. Algunos cuestionan por “inoportuna” la exposición que se dio a los actos en los que participaron los detenidos, a través de redes sociales. Otros critican el uso “con mala fe” que se hizo desde algunos medios para cuestionar al Gobierno. La mayoría advierte sobre el riesgo de que, a partir de esta exposición, se recorten los derechos de los detenidos y opinan que el debate abierto, en todo caso, “debería servir para ampliar esos derechos y no para cercenarlos”. Es decir, que los beneficios de salidas vigiladas se extiendan a más detenidos, y la posibilidad de organizar actividades, a más organizaciones.

El debate se generó a partir de la publicación, el domingo último, en el diario Clarín, de una nota que da cuenta de que “sacan presos de las cárceles para llevarlos a actos kirchneristas”. Se refiere así a un programa de salidas para actividades culturales organizadas por la agrupación Vatayón Militante. Ese mismo día, el ministro de Justicia, Julio Alak, defendió el programa como una estrategia para “favorecer la reinserción de los detenidos una vez que obtengan la libertad” y “disminuir el índice de reincidencia”.

“La sociedad tiene que hacerse cargo del interior de la cárcel”, afirmó el procurador penitenciario Francisco Mugnolo. El ex diputado de extracción radical, encargado de controlar el cumplimiento de las garantías de los detenidos en unidades penales federales, sostuvo que “las salidas de detenidos para realizar actividades en la comunidad son un derecho: es una forma de derribar los muros de la cárcel, una estrategia virtuosa de integración, que permite que no haya tantos momentos de ocio en el encierro, que generan todo tipo de conflictos.”

Mugnolo pone como ejemplo el caso del taller de pintura y serigrafía de la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. “Las detenidas quieren estar presentes en la bienal donde se exhiben sus trabajos y eso es muy valioso para su rehabilitación”, dice.

Para Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), “lo primero que hay que sostener es que la persona que está detenida en una cárcel tiene derecho a la reinserción social: estar en la cárcel no debe ser una forma de tortura, ése es un mandato constitucional. Y es una estupidez pensar que es un divertimento una salida para actividad cultural, laboral o educativa”.

Binder se manifestó de acuerdo con toda actividad que permita al detenido “relacionarse con su familia y con la sociedad, y que la sociedad se relacione con el preso, porque si la cárcel se convierte en un ghetto eso representa un perjuicio para la sociedad”.

Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), pone en blanco sobre negro las contradicciones del tratamiento mediático y político del tema carcelario: “Hemos mostrado fotos del cuerpo de un joven torturado en una cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en julio de 2011. Sin embargo, lo que provoca escándalo y debate son las salidas de un grupo de presos”.

Respecto de las actividades que dieron pie a la polémica, la abogada sostiene que “la cárcel es una institución donde impera el miedo, el dolor y la arbitrariedad, por lo que “todo lo que pueda hacerse para abrir la cárcel, y para que la sociedad ingrese a ella, a través de instituciones educativas, laborales, recreativas, deportivas, sindicales, de derechos humanos, políticas, debe ser estimulado y bienvenido”. Advierte además que “es preciso trabajar con todos los presos y presas, aun con quienes hayan cometido delitos graves, que nos repugnen más o menos conforme a nuestras convicciones”.

“Si el fin de la pena es la resocialización, resulta contradictorio resocializar desde el encierro estricto”, sintetiza el juez de Necochea Mario Juliano, de la Asociación de Pensamiento Penal.

Todos o algunos

Las diferencias se plantean cuando se discute si el beneficio debe alcanzar a todos los detenidos, sea cual fuere el delito que han cometido; si las actividades deben ser difundidas por las redes sociales, y si todas las organizaciones que lo solicitan tienen acceso a organizar actividades en las cárceles.

Lo que divide las aguas es el caso de Eduardo Vásquez, recientemente condenado a 18 años de prisión por el homicidio de su pareja mediante graves quemaduras. “Es injusto decirle a una persona que no puede acceder a un beneficio si su conducta en la cárcel es buena, por el delito que cometió”, dice Mugnolo a Página/12. “Estuve con el padre de Wanda Taddei (la mujer asesinada), y no criticó la estrategia de salidas. Naturalmente, no estaba de acuerdo con que se aplique a esta persona. Habló desde su dolor. Pero la política criminal no la pueden dictar la víctimas.”

Mugnolo aclaró que los casos sobre los que se debate no son “salidas transitorias”, que son las que involucran a personas con condena firme, con fines laborales y sin custodia. “Este tipo de salidas para personas procesadas o sin sentencia no están expresamente reglamentadas. Pero como todo lo que no está prohibido está permitido, los detenidos tienen ese derecho. Deben salir con custodia, trasladados por móviles del servicio penitenciario y con permiso judicial. Nunca están en libertad. Esto se cumplió en los casos denunciados: no hubo irregularidades”, enfatizó (ver nota aparte).

“A los procesados les rige el principio de inocencia y nunca podrían tener una privación de la libertad con menos derechos que los condenados”, sostiene Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Agrega que el criterio debe aplicarse para todos los acusados por distintos delitos. “No puede haber restricciones de este tipo. Los únicos que pueden autorizar o rechazar permisos son los jueces, de acuerdo con cuestiones de comportamiento o de seguridad. Es la única manera de evitar la discrecionalidad del Servicio Penitenciario Federal para otorgar ciertos beneficios a cambio de favores.”

“Los procesados y los condenados que no tienen sentencia firme (como el caso de Vásquez) son jurídicamente inocentes. Deberían estar en libertad pero si cautelarmente tienen que estar detenidos, no pueden estar en peor situación que los condenados, que tienen la posibilidad de salidas transitorias”, agrega el juez Juliano.

En cambio, el diputado y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra (UCR) sostiene que “para los detenidos sin condena firme no es aplicable el régimen de los condenados”. “Pueden salir excepcionalmente por la muerte de un familiar o para rendir un examen. Pero la Ley de Ejecución Penal establece un régimen progresivo para la obtención de salidas transitorias en la última etapa de la ejecución de la pena”, argumenta.

Para Gil Lavedra “estas medidas son buenas porque el condenado robustece sus posibilidades de reinsertarse en la sociedad”. Pero aclara que “este recurso no puede utilizarse de manera arbitraria y discrecional. No es admisible que los detenidos puedan salir para actividades culturales que son un barniz para actividades políticas. En este caso (el de Vásquez) los jueces se han equivocado”.

Cuestión de forma

“Es el uso de un buen instrumento utilizado en forma negligente”, dice Binder. Para el abogado penalista, es “reprochable que no se haya administrado con cuidado: el de Vásquez ha sido un caso muy notorio, muy irritativo porque hace muy poco que ha sido condenado. Para las víctimas y sus familiares esto significa revivir su tragedia y provoca un dolor muy grande. Al menos no se deberían difundir estos eventos por youtube”, sugiere. “Esto –concluye– ha contribuido a que se haga una bola increíble, a partir de un uso periodístico que no es de buena fe.”

Sobre ese punto, Cesaroni coincide: “Así como deben respetarse los derechos de las personas privadas de libertad, debe respetarse el dolor de las víctimas y de sus familiares”. En ese sentido, consideró “desaconsejable difundir imágenes festivas mediante videos y redes sociales, en tanto provocan más dolor en los familiares de las víctimas de delitos graves, y pueden afectar la intimidad de algunas de las personas privadas de libertad que aparecen en ellas”.

En cuanto a las actividades organizadas por Vatayón Militante, la abogada manifiesta su preocupación porque “el desarrollo de actividades recreativas pueda verse subordinado a la participación en determinada fuerza política”. Opina que “hacer bailar a un preso con un penitenciario puede parecer simpático para algunos” pero “para muchos otros”, entre quienes se incluye, “implica una humillación, un acto de violencia simbólica, más allá de las buenas intenciones con que los integrantes de esa agrupación trabajen en el ámbito carcelario”.

“Las facilidades con las que cuenta para desarrollar su actividad el Vatayón Militante no son compartidas por otras organizaciones sociales y de derechos humanos, sobre todo en las que tienen una mirada crítica sobre lo que sucede en las cárceles federales”, advierte.

Para Mugnolo, “el acceso a la organización de actividades tiene que ser igualitario: es muy difícil que otras ONG sean aceptadas para tareas intramuros y que incluyan para actividades fuera de la cárcel”.

En el balance, el procurador penitenciario concluye que “Hortel está haciendo una buena gestión”. “Toda esta fachada populista está contribuyendo a un proceso de apertura en un esquema penitenciario que ha sido siempre violatorio del derecho de los presos”, elogia.

Para Binder, las actividades de los detenidos dentro de las cárceles y los traslados para desarrollarlas afuera del penal “contribuyen a romper formas rígidas de relación entre el servicio penitenciario y los detenidos”. Propone que las salidas “deberían ser para la mayor cantidad de detenidos”. “La sociedad debería entender que mantenerlos en la exclusión y la degradación del encierro es el peor de los negocios en materia de seguridad”, enfatiza. Pero aclara que “si bien a partir de la última gestión del SPF hay mejoras, de ahí a decir que es un ‘orgullo’, hay una gran distancia. No es un espaldarazo para quienes vienen luchando para mejorar las condiciones de detención.”

“Lo que preocupa –concluye Cesaroni– es que a partir de discutir estos temas, se pretenda recortar derechos, en vez de ampliarlos.”


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-200367-2012-08-05.html

El Estado Provincial no cumple con las órdenes judiciales y aloja a detenidos en comisarías clausuradas
En 2011 el Juez Pedro Pianta del TOC 5 de esa localidad, ordenó la clausura de tres comisarías en el marco de una visita institucional y junto a peritos especializados solicitados exclusivamente a la Asesoría Pericial de la ciudad de La Plata. Lo acompañaron peritos fotógrafos, peritos arquitectos y peritos ingenieros, lo cual indica el grado de seriedad de la clausura. Motivo de la inspección y a través de fotografías y mediciones, se ordenó que los detenidos fueron sacados de esas dependencias. Esto indicaba que desde ese momento no puedía haber detenidos en esas tres comisarías. Aunque parezca mentira, antes de que el juez rehabilitara esas dependencias, el Defensor General, Claudio Santagati, le presenta al Juzgado 5 una denuncia en la que consta que en esas mismas comisarías están siendo ingresados detenidos, violando la orden judicial. A esta gravedad, se suma que esas instalaciones policiales ya han sido inspeccionadas previamente por otros jueces en la misma zona, que nunca marcaron estas irregularidades y que firmaron informes indicando que estaba “todo bien”.

El informe que desarrollamos a continuación es una muestra más de que el Ejecutivo no responde a nadie; ni a Dios ni a la Patria ni a la Justicia. El Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, viola las órdenes judiciales y permite el alojamiento de detenidos en Comisarías clausuradas por el poder judicial.

El Doctor Pianta, vicepresidente del Tribunal en lo Criminal N° 5 del Depto Judicial de Lomas de Zamora junto a un equipo de peritos expertos efectuó en los meses de marzo, abril, septiembre y noviembre de 2011, inspecciones a cuatro comisarías en el marco de las visitas institucionales previstas por los Acuerdos 3390 y 3415 de la S.C.J.B.A. El 11 de marzo lo hicieron en la Seccional Sexta de Monte Chingolo, partido de Lanús; el 14 de abril en la Seccional Quinta de Villa Fiorito, partido de Lomas; el 16 de septiembre en la Seccional Séptima de Villa Corina, partido de Avellaneda y el 14 de noviembre en la Seccional Tercera de Esteban Echeverría (Transradio), ciudad de 9 de abril. De las cuatro comisarías inspeccionadas tres de ellas culminaron con orden de clausura inmediata de sus calabozos: la 6ta de Monte Chingolo, la 5ta de Lomas de Zamora y la Tercera de Esteban Echeverría. En todos los casos, el denominador común fue la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad en lo que refiere a higiene, seguridad, capacidad, ventilación, iluminación e instalaciones complementarias. Y en todos los casos, se deja constancia de que queda en evidencia que “la totalidad de la superficie edilicia destinada al alojamiento de personas legalmente privadas de su libertad no reúne ni mínimamente las condiciones de habitabilidad que por imperio legal emanan del art. 18 de la Constitución Nacional, así como de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas.”

Según lo manifestado por el magistrado y peritos en esa oportunidad, en el caso de la Comisaría 6ta de Monte Chingolo el Titular de la Dependencia Policial Sub comisario Carlos Murature reconoció que actualmente se hallan alojadas 20 personas de sexo masculino, pese a que la dependencia cuenta con capacidad para alojar a 12 personas. El total de detenidos se encuentran ubicados en tres calabozos, lo cual genera un inevitable hacinamiento “que entre otras cosas se exterioriza por la gran cantidad de colchones tirados en el piso, ropa, y extrema suciedad, que imperan en el sitio”. A esto se suma que “los núcleos sanitarios no poseen sistema de descarga lo cual produce el anegamiento de los artefactos, que además se encuentran en el sitio en el que permanecen las personas alojadas”. Es por estas condiciones que el Doctor Pianta procede a su clausura.

Por su parte, un mes después la inspección en la Comisaría 5ta de Lomas de Zamora arroja como resultado igual grado de hacinamiento, siendo alojadas 15 personas en un espacio con cupo para ocho. En este caso, en presencia del Titular de la Dependencia Policial Sub Comisario Fabio Matucheski, uno de los detenidos manifesta “la condición de detención es un “asco” (textual)” y solicita ser trasladado a la comisaría de puente la noria o a alguna dependencia del Servicio penitenciario. En la quinta de Lomas el hacinamiento pudo leerse en el alto número de colchones tirados en el piso ante la falta de camastros y la suciedad. El resto de las deplorables condiciones de detención de estas dependencias es resumido como: “la totalidad de los inodoros se encuentran completamente anegados, y solo el baño de un calabozo posee un calefón eléctrico, debiéndose destacar que la instalación eléctrica es precaria (...) con el consiguiente riesgo para las personas alojadas. Respecto del agua corriente en la mayoría de los casos no existe. También, debe resaltarse, que no existe ningún patio careciéndose de un modo absoluto de iluminación y ventilación natural directa, extremo que hace prácticamente irrespirable la permanencia en el lugar.” A esto se añade que sólo uno de los calabozos cuenta con una canilla similar a una ducha. Estas sobradas referencias derivan en la clausura también de esta Comisaría.

Por último, meses más tarde se produce la clausura en dependencias de la Seccional Tercera de Esteban Echeverría; la cual se realiza en presencia del Titular de la Dependencia Policial Comisario Victor Hugo Villalba. En este caso, la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad para el alojamiento de personas privadas de su libertad eran claras a simple vista, estando alojados todos los detenidos en un calabozo, siendo que el lugar cuenta con dos. “Un marco de extremo hacinamiento, que entre otras cosas se exterioriza por los colchones (que no son ignífugos) tirados en el piso, y por no existir camastros. Es notoria la existencia de ropa tirada en el piso, por no existir ninguna posibilidad de ubicarla en otro sitio, la extrema suciedad y el marcado encierro que imperan en el lugar; no existiendo ningún tipo de espacio abierto. Además, cabe señalar que los núcleos sanitarios no poseen sistema de descarga, y existe una sola canilla de provisión de agua no existiendo duchas. No hay calefón ni termotanque, debiéndose destacar que la instalación eléctrica es precaria con conexiones expuestas y factibles de provocar una pérdida de potencial eléctrico, no contando con tablero ni un disyutor diferencial, con el consiguiente riesgo para las personas alojadas. Respecto de la provisión de agua el propio titular de la dependencia manifestó que solo existen dos canillas en todo el perímetro de la seccional. También, debe resaltarse, que no existe ningún patio careciéndose casi de un modo absoluto de iluminación y ventilación natural directa, extremo que hace prácticamente irrespirable el lugar.” Fueron estos argumentos sobrados para que la clausura cayera también sobre esta dependencia policial de Esteban Echeverría, argumentando que la comisaría “no admite el alojamiento de detenidos cualquiera sea el número y el lapso de detención, poniéndose de manifiesto la necesidad urgente de encarar una serie de reformas que hagan de estos ambientes, ámbitos dignos y seguros." 

Incumplimiento de clausura a la Seccional Tercera Esteban Echeverría 

Esta ardua tarea tanto del Juez Pedro Pianta como del grupo de peritos que derivó en la orden judicial de clausura, fue desoida por el Estado Provincial que en un acto de total desparpajo y sin que el magistrado que ordenó las clausuras diera ninguna orden de reahibilitación, volvió a alojar detenidos en esas dependencias. Esto se esclarece cuando el Defensor público Claudio Santagati le presenta al Juzgado 5 una denuncia en la que consta que en esas mismas comisarías están siendo ingresados detenidos. Se dirige al Magistrado Pedro Pianta por las Condiciones de habitabilidad en el sector calabozos de la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría, hace entrega del listado de detenidos y ordena, una vez más, la clausura de los mismos. En el escrito presentado por el defensor se detalla que en las fechas 8, 15 y 18 de marzo y 28 de mayo en Seccional Tercera de EE, hay alojadas personas privadas de su libertad pese a la clausura de calabozos efectuada el 14 de noviembre de 2011 en esas instalaciones. Asimismo el defensor señala que el 1 de junio pasado visita a la seccional tercera de EE en la cual dialoga con el Sucomisario Carlos Daniel Dorrea y donde se encuentra conque hay cinco detenidos alojados en la dependencia. Entrevista a cuatro de ellos, quienes le manifiestan que “hasta el momento no han sido vistos por ningún médico y que el único alimento que reciben es el que les brinda su familia.”

A esta gravedad, se suma que esas instalaciones policiales ya han sido inspeccionadas previamente por otros jueces en la misma zona, con la diferencia que estos jueces firmaron informes de que estaba todo bien, pese a que las irregularidades que el Dr Pianta y su equipo vieron en esas dependencias, vienen de larga data. Este hecho demuestra el grado de complejidad y la falta de respuestas por parte del poder político, ya que cuando un magistrado ordena algo, da una orden direccionada directamente al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lo menos que pueden hacer los titulares de esas dependencias es cumplir con la orden del mismo. Pero es un constante retorno que habla de la connivencia del poder político, judicial y penitenciario o policial.

Parte del documento fotográfico que respalda estas denuncias puede consultarse en nuestra galería de imágenes.(ver en el blog de La Cantora)

Para más información y contacto de prensa, comunicarse a:
Tel: (0221) 154094614

Fuente: http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=1251


Página/12 21 de julio 2012

Los Peligrosos son los policías -

  Por Horacio Cecchi
Los cinco policías detenidos acusados de torturas, perdón, de apremios ilegales (según el ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, sólo apremios; según se ve, el submarino, echar agua fría, levantarle los brazos por la espalda, todas acciones con las muñecas esposadas y por detrás, se llama tortura) pertenecen a la División Drogas Peligrosas de General Güemes.

El ministro de Seguridad, Sylvester, dijo al respecto que “tenemos una enorme cantidad de policías que cumplen con su deber y hacen de su trabajo un servicio para la comunidad, pero hay delincuentes que se ponen el traje de policías”.

El jefe de policía, Marcelo Lami, quien participó del contacto con la prensa, expresó que “no permitiremos ningún acto de indisciplina, abuso de poder o tipo de delito”. No me cabe duda de que tienen una enorme cantidad de policías honestos. Pero disiento o tengo serias dudas de:

1. Lo que no permitirán suena o deja fuerte duda de que no lo harán cuando salga publicado un video.

2. Tomando en cuenta el punto 1 que haya delincuentes que tengan puesto el traje de policías lleva a preguntar quién los tomó y cuál fue la preparación o examen, vistas las consecuencias.

3. Del punto 2 se deduce que la preparación para ser “honestos policías” no consta más que de una bolilla perdida en el programa, si es que hay un programa.

4. Del punto 3, además, me pregunto si no habría que ponerse de acuerdo primero, profundamente, sobre lo que significa cumplir con el deber. Está claro que la impunidad que reflejan las imágenes (se tortura a la vista de todos, en un playón a la luz del sol; quien filma está en el lugar y se sabe que filma, no está oculto, de hecho al final él mismo lleva un balde para llenar con agua) dice que saben lo que hacen y es un saber compartido, no digo que por todos, pero sí por unos cuantos, muchos más de lo que hacen creer que son, porque es un lugar abierto. Si el ministro mismo está diciendo que son apremios ilegales, los honestos policías aprenderán que las torturas están permitidas. Por lo tanto, me pregunto si estos cinco policías dejaron de ser honestos porque fueron descubiertos.

Por otro lado, más allá de que se hayan negado a declarar, que es su derecho, y más allá del proceso que se les siga, interesa ampliar por el otro lado, el de la persecución de drogas.

Los cinco policías descubiertos, por lo que surge del video, estaban cumpliendo un interrogatorio. La especificidad de Drogas Peligrosas hace pensar que los detenidos lo estaban por mulas, vender porros, o tener unas plantas en la casa. Si es que no ocurre que no tienen nada que ver con nada. El perfil de las dos víctimas no da la idea de que nos topamos con dos Escobar Gaviria. Si lo fueran y todo, el mecanismo para arrancarles una confesión, la tortura, permite suponer que los cinco honestos descubiertos lograron que los torturados dijeran lo que ellos les pidieron que dijeran. Sería interesante saber si de esas confesiones no surgieron datos para allanar la casa de otros futuros torturados. Ejemplos de honestidades semejantes en las fuerzas policiales de cualquier jurisdicción, sobran. Lo que daría la pauta de que una cosa es lo que piense la Corte Suprema sobre la cuestión y otra sobre lo que piensen las policías sin fronteras.

Una medida para reducir lo que está desparramado desde las raíces es sancionar la creación de los Mecanismos de Prevención de la Tortura. Otra, sancionar una ley que despenalice el consumo. Otra, modificar la formación de los uniformados honestos.

Nota del redactor: para más ejemplos de que el manzanero está podrido, véanse casos de torturas en cárceles federales, provinciales, comisarías, torturas seguidas de muerte, torturas.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-199179-2012-07-21.html



Página 12/ 26 de junio de 2012

UNIVERSIDAD › EL DEBATE POR LOS REPRESORES QUE QUIEREN CURSAR EN UBA XXII

Con derecho a la objeción
Un acusado por delitos de lesa humanidad denunció ante el Inadi a un docente que se negó a darle clases. El instituto dictaminó que no hubo discriminación, que el docente puede hacer una objeción de conciencia, pero que la UBA debe garantizar el derecho a estudiar.




Los pedidos de inscripción de represores de la dictadura al programa de la Universidad de Buenos Aires en las cárceles siguen generando polémica. A los casos de los tres marinos de la ESMA (Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Guillermo Suárez Mason (hijo) –sobre los que informó este diario en abril–) se suma ahora un hecho que sienta posición frente al debate abierto en la universidad. Un cuarto acusado por delitos de lesa humanidad denunció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) a un profesor de Sociología que se negó a darle clases. El dictamen del Inadi considera que la “objeción de conciencia” del docente no constituye un acto discriminatorio. No obstante, observa que es “obligación” de la UBA “garantizar al denunciante su derecho a la educación”. La cuestión de fondo –aceptar o no a represores en el Programa UBA XXII de educación superior en cárceles– espera para ser abordada por el Consejo Superior de la Universidad.

Tras el rechazo de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales, que expresaron su negativa a aceptar el ingreso de represores a la UBA, y ante la reprobación de los propios alumnos internos y las denuncias que el gremio docente Feduba trasladó a las autoridades de la universidad, este mes el Consejo Superior conformó una comisión ad hoc para tratar el asunto. La integran, entre otros, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, la diputada nacional Adriana Puiggrós y el profesor de Derecho Raúl Gustavo Ferreyra. Una vez que la comisión presente su informe, éste será tratado por la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, para llegar luego al pleno del cuerpo, donde se espera una respuesta institucional sobre el asunto.

La situación de los represores Rolón, Suárez Mason (hijo) y Donda, detenidos en los penales de Marcos Paz y Ezeiza, todavía es incierta. El director del programa, Ariel Cejas, le aseguró a Página/12 que, en caso de cursar, lo harán en carácter de libres: “No van a ser inscriptos en la cursada regular –aseguró Cejas–. Por diferentes motivos, por los pedidos formulados por los docentes, por las resoluciones de las unidades académicas oponiéndose a la inscripción y porque el mismo Servicio Penitenciario los mantiene separados de la población. Con lo cual, mal podríamos nosotros mezclar en el programa a los detenidos por delitos de lesa humanidad con el resto de los detenidos”. Cejas detalló que los represores “podrían rendir en las mesas de marzo, julio y diciembre, las tres mesas del CBC para alumnos libres”.

A estos casos se agrega la denuncia ante el Inadi que el profesor Rodolfo Raffo recibió de parte de Carlos Jurio, un médico acusado por violaciones a los derechos humanos en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata. Jurio, que en rigor no estaba inscripto en UBA XXII, dijo haber sido discriminado porque Raffo se negó a darle clases. Raffo manifestó haber ejercido su derecho a la “objeción de conciencia” y ratificó su rechazo a “dar clases a una persona sobre la cual pesa la razonable sospecha de haber sido partícipe y/o responsable de delitos de lesa humanidad”.

El Inadi, por su parte, estimó que el caso presenta un “conflicto entre dos derechos”: el derecho a la educación que posee el detenido y el derecho a ejercer su objeción de conciencia por parte del profesor. Finalmente, resolvió que “el hecho denunciado no constituye una conducta discriminatoria”, aunque ello se dé “sin perjuicio de la obligación de la UBA de garantizar al denunciante su derecho a la educación”. Apuntó el Inadi: “Es la institución educativa quien tiene la carga de garantizar dicho derecho, pudiendo asignársele al alumno otro docente, quien acepte desempeñar su rol”.

“Es una cuestión de conciencia –dijo Raffo ante la consulta de este diario–. En términos generales, no me niego a que se les dé clases. Sólo que yo no estoy dispuesto a darles clases. Los cargos en su contra me afectan. No es gente chiquita”, manifestó. Su titular de cátedra, Pablo Martínez Sameck, aportó: “El dictamen del Inadi viene bien al debate, aunque en su afirmación no se sale del ‘derecho a estudiar’, y yo encuentro una tensión allí. Tendría mil reparos respecto de si al preso de lesa humanidad le cabe el mismo derecho, porque tengo la sospecha de que su pedido para estudiar no es genuino, creo más bien que están jugando con nosotros”.

Informe: Agustín Saavedra.
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-197213-2012-06-26.html



Acceso de los internos penitenciarios a la educación


Tengo el agrado de compartirles una reciente resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por Ana María Figueroa, Angela E. Ledesma y Alejandro Slokar, donde se hace lugar a un hábeas corpus destinado a garantizar el acceso a la educación de los internos penitenciarios, y más específicamente, de los que estudian en el Centro Universitario Devoto.
(Incluye el fallo  CA14961 NN sobre derechos a la educación – permanencia y traslados al CUD)




Domingo 17 de junio de 2012 - Página 12

CULTURA › LA VIDA EN LAS CARCELES, A TRAVES DE TRES REVISTAS

De los pabellones se sale escribiendo

ELBA, Atrapamuros y La Resistencia. Son nombres de publicaciones realizadas por presos de la 31 de Ezeiza, la 18 de Gorina y el CUD de Devoto, respectivamente. Surgen de talleres brindados por voluntarios y permiten difundir voces habitualmente silenciadas.


Por María Daniela Yaccar
Silvina está enojada. Va por la mitad de “El idioma analítico de John Wilkins” y no entendió nada. Tiene ganas de compartir su molestia, pero se aguanta hasta que sus compañeras finalicen la lectura. “Borges no me gusta”, afirma. Debe saber que no querer a Borges tiene algo de rebeldía –luego se notará que Silvina es la rebelde del grupo–. “Es un escritor de la clase alta. Siento que no me habla a mí, que pone palabras difíciles, que hace alarde de todo lo que sabe.” Isabel, la uruguaya, la mira incrédula. Ella es toda una fanática del autor en cuestión. “Lo único que hizo Borges en su vida fue ser escritor”, insiste Silvina. “Pero no es poco”, le retruca el profesor. “Después de todo, estamos acá, leyéndolo.” Ese adverbio de lugar es mucho más importante de lo que parece. Porque la escena no transcurre en una universidad o en un centro cultural independiente. Ocurre en la unidad 31 de la cárcel de Ezeiza, la que alberga a mujeres con hijos, inaugurada a mediados de los ’90 cuando la población carcelaria femenina comenzaba a crecer. En fin, si Silvina sugiere una separación entre la escritura y la vida es porque, para ella, la vida es otra cosa. Dice que está en cana porque lo eligió, aunque sea tan difícil de creer, como lo es para Isabel que no le guste Borges. “Es que la calle es más peligrosa que la vida acá adentro.” Ninguna de sus compañeras lo objeta.

Es jueves, temprano. En el patio cubierto que está al lado del SUM donde se discute a Borges se desarrolla un espectacular partido de fútbol femenino. Están mezcladas mujeres menudas con otras inmensas. El profesor de este taller “de pensamiento y expresión”, llamado ELBA (es la sigla de En Los Bordes Andando), es Luis “El Chino” Sanjurjo, un muchacho de unos 30 años, músico y docente universitario, fanático de Foucault, que combina a la perfección buzo, zapatillas y cordones de sus lentes de sol para las gastadas de sus alumnas carcelarias. “¡Cómo se vino, profe, hoy! ¡Usted sí que es un cheto!”, le gritan por los pasillos. ELBA es, también, la revista que resulta de este taller y de otro que Sanjurjo da en la unidad 26 de Marcos Paz, dirigido a hombres.

“El sexo para mí es algo indispensable, importante y necesario, pero desgraciadamente aquí, en este lugar, no lo tenemos y muchas veces tenemos que recurrir a muchas cosas, porque aquí nos ponen mucha represión, porque dentro de este ámbito penitenciario la hipocresía está a la orden del día (Ruth Cortés).” Cosas como ésta se pueden leer en las páginas de ELBA, que demuestra que la palabra carcelaria suele componerse de dos dimensiones que se retroalimentan: la afectiva y la intelectual, en muchos casos recientemente aprehendida. “Nuestra corta ‘Historia’ como país cuenta con una larga lista de contradicciones. Estas se fueron generando en diferentes épocas y gobiernos que también protagonizaron un papel importante en los grandes cambios sociales, económicos y políticos”, escribe Frost. Cada revista se estructura a partir de una batería de temas sobre los cuales los detenidos escriben lo que les pinta. Historia, memoria, verdad y poder son algunos ejemplos.

“Descubrí mi vocación adentro de un penal”, dice Liliana Cabrera, la responsable de todo esto. Ella ya publicó un libro, Obligado Tic Tac, y fundó la primera editorial cartonera dentro de un penal de mujeres, Bancame y punto. Es una de las protagonistas de la reciente película Lunas cautivas, de Marcia Paradiso, que retrata el desa-rrollo de otro taller que tiene lugar en la misma unidad, a cargo de la poeta María Medrano. Liliana, detenida desde hace un tiempo largo, trabajaba como bibliotecaria y veía que sus compañeras sólo revisaban los estantes de libros de autoayuda o novelas light. Entonces, elevó un pedido a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal para que se armara una actividad ligada a la lectura dentro de la unidad. “Lo que iba a ser un taller de tres meses (desde agosto de 2008) se fue deformando tanto en tiempo como temáticamente”, cuenta El Chino. “Y esos encuentros pronto demandaron una cristalización.”

Nació, entonces, la revista. “La idea es construir un cuadrilátero y subirnos a él –grafica El Chino–, hacer una gimnasia que implique pensar, dudar y hablar poéticamente del dolor y de la felicidad. Y volver a sentir el aire fresco en la cara.” Sanjurjo comenzó a dar los talleres de modo completamente independiente. Pone la plata de su bolsillo para que las revistas existan. Sabe por qué lo hace. “El taller representa la posibilidad de que el mundo sea un poquito menos injusto.” Y sabe también que, desde el punto de vista cualitativo, hay más ganancias que pérdidas. Cada tanto, cuando las chicas son autorizadas a presentar la revista al mundo exterior, pueden bajar del camión del SPF sin esposas. Hay una batalla que es simbólica, como la que Silvina tuvo con Borges. Se trata de bancarla, y punto.

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Para llegar al Centro Universitario de Devoto (CUD) hay que atravesar media docena de rejas y abrir bien el bolso. Antes, en la puerta de la cárcel ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto –la única de la ciudad de Buenos Aires–, se es testigo de la larga espera de familiares cargados con bolsas repletas de comida, frazadas y ropa de invierno, que se comunican con el personal policial a través de una ventanilla minúscula. Si no fuera por todo esto, el CUD tendría la pinta de una universidad cualquiera. No por nada algunos detenidos la llaman “Devotolandia”. Una definición tragicómica.

La sede que la UBA tiene en esta cárcel de hombres es, para los estudiantes, un espacio de resistencia y libertad, que defienden con uñas y dientes. Funciona desde hace 27 años y les permite cursar cinco carreras –la más elegida es derecho, por la quizás obvia razón de querer conocer los que les corresponde–. Permanecen allí de 9 a 18, de lunes a viernes, sin ser custodiados por uniformados. “Acá adentro hay mucha ideología”, recalca Maikel, uno de los alumnos. Si se piensa en Gramsci hay que estar de acuerdo. Porque en las paredes hay mapas, pero también afiches de agrupaciones de izquierda y fotos del Che Guevara. “Si esta cárcel sigue así, todo preso es político”, se lee al lado de un pizarrón. Si el mito de Patricio Rey cobra vida en algún lado, es en la cárcel de Devoto.

Un penal en el que los propios internos confeccionan proyectos de ley –Cacho, que se acaba de recibir de sociólogo, es el autor de uno que apunta al cuidado de derechos en el cumplimiento de la pena, recientemente presentado por Victoria Donda– no podría no tener su medio gráfico. En una de las aulas se fabrica La Resistencia, una publicación de contenidos tirabomba, presentados con títulos de tapa bien heavies –como “No hay pena de muerte, hay pena de por vida”– e ilustraciones que muestran lo trágico del encierro. En el medio hay también recetas de cocina, cuentos, poemas y humor. Pero la naturaleza de la mayoría de los escritos refleja el hecho de que muchos hacedores de la revista son estudiantes universitarios (y “revolucionarios” que buscan “cambiar un paradigma”, dice Juan Carlos). Sin embargo, el objetivo del taller que coordinan Tomás Manoukian y Alejandro Schmied es incluir a los no incluidos.

El de edición, de donde sale la revista, es un taller extracurricular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. No está enmarcado en ninguna carrera. Por este motivo, siempre se espera –aunque ocurre a medias– la llegada de los internos que no están alojados en los pabellones de universitarios, que son los que viven más apretados y tienen dificultades para acceder al plato de carne y puré que los estudiantes saborean mientras conversan con Página/12. Este diario recibe en Devoto un trato excepcional. Cada vez que esta cronista ingresa a un aula, hay dos estudiantes parándose para darle el asiento y colgarle el abrigo de un perchero. Y, contrariamente a los pronósticos sugeridos por el mundo exterior, el elogio más zarpado que recibe en una cárcel de hombres es “qué lindos ojos que tenés”.

En ese capítulo de la charla sobre la inclusión de los que no son universitarios, uno de los internos sugiere una premisa del CUD: “De la reja para acá, donde empieza el centro, somos todos iguales. Las diferencias quedan en el pabellón. El preso que tiene buen corazón es el ladrón”. Durante la clase de edición queda muy claro quiénes son los enemigos de, por lo menos, los que hacen La Resistencia: Grassi o Menem, por ejemplo, según algunos poemas leídos en voz alta.

“Las publicaciones que hacemos buscan cambiar el imaginario social”, explica Cacho, el sociólogo. Habla en plural porque en Devoto también se elabora la revista Hablando de las cárceles, que depende de un proyecto llamado Ave Fénix. “A través de la escritura creemos en la posibilidad de que la gente tenga noción de la realidad, que no es la que muestra la televisión”, agrega Juan Carlos. “Las cárceles no son como dice el artículo 18 de la Constitución: no son sanas ni limpias. Y todos los que estamos acá no somos una lacra de la sociedad. Acá, si no hay sangre, motín o no jodemos a los vecinos, no somos noticia”, protesta el hombre, que está cursando tres carreras al mismo tiempo.

La Resistencia es claramente un producto universitario. “Descubrí que tenía una enfermedad cuando estudié qué era el consumismo”, grafica un interno. El nombre elegido dice mucho de la historia de esta cárcel y de esta publicación, que vio la luz en 2008 y se dejó de hacer hasta que una mala pasada volvió a hacerla necesaria. “La retomamos el año pasado, cuando decían que los universitarios estábamos metidos en secuestros virtuales. Fue una mentira para atacar al CUD. Empezaron a llevarse a la gente de extracurriculares. Bajábamos solamente los universitarios. Se nos ocurrió que teníamos que hacer algo y decidimos escribir más”, relata Gastón. “En medio de un requilombo, de un allanamiento al centro (los policías sólo pueden ingresar al CUD con una orden judicial), se puso en venta la revista. Seis pibes hicimos una huelga de hambre, estábamos hechos percha, reflaquitos, remal. Las cosas salen. Uno tiene que poner el corazón y el alma y ser guerrero.”

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Una vez, el más famoso poeta de la cárcel, Camilo Blajaquis –quien también tiene su revista, Todo Piola–, le dijo a este diario: “Es más peligroso un pibe que piensa que uno que roba”. Esa verdad está lejos de ser una percepción particular. En distintas cárceles, muchos detenidos sienten lo mismo. En la unidad 18 de Gorina (en las afueras de La Plata), un grupo de internos, hacedores de la revista Atrapamuros, aprovecha la presencia de un hombre de prensa del Servicio Penitenciario Bonaerense para plantear una larga lista de reclamos. Lo que sería una nota con Página/12 se transforma en una suerte de protesta improvisada y subterránea.

Que no hay móviles cuando tienen que trasladarse a la Universidad Nacional de La Plata para dar exámenes finales. Que tienen que rendir siempre libre, porque en esta unidad no se cursa. Que no tienen pabellones de universitarios para concentrarse y estudiar. “En Devoto pude rendir veinte materias, acá, una”, compara Beto. La voz de El Potro Rodrigo traspasa, a la tardecita, las ventanas enrejadas. “Yo no molesto al que está estudiando, porque sé lo que es. En cambio, el que no estudia te interrumpe y te pregunta cosas como ‘¿tenés yerba?’. O pone música o prende la televisión.” Ale cuenta algo más grave: “No puede haber estudiantes universitarios en un pabellón de población. Eso terminó en un quilombo bárbaro, porque se pelearon”. Para suerte de los detenidos, pareciera que cuando las cosas se tornan difíciles siempre hay alguien dispuesto a cambiar el panorama, al menos por un rato. En este caso se trata de un grupo de cuatro chicas –Sol Calandria, Inés Gasparín, Melina Capucho y Valeria Cohan–, integrantes de un colectivo numeroso llamado Atrapamuros, como la revista, que trabaja en diferentes penales brindando educación popular.

¿En qué consiste eso, concretamente?, pregunta Página/12. “Es una forma de entender la educación. Todos somos universitarios. Damos talleres pensando que el nuestro no es el saber hegemónico”, define Capucho. En esta unidad brindan uno de Historia, que sirve de apoyo a los que estudian esa carrera, pero está abierto también a los que quieran curiosear. “Incluimos a muchos chicos que no tienen idea –cuenta José–, que no tuvieron la posibilidad de conocer el mundo del saber, de la curiosidad. Me han preguntado, por ejemplo, si es verdad que tuvimos tantas dictaduras y por qué. Yo los invito al taller.”

Según la editorial del primer número de la revista, que es anual, ésta se creó en 2009 como “un puente, una abertura que permita encontrarse con los sueños que han encerrado”. Hay poemas, notas y cuentos de las distintas unidades en las que Atrapamuros hace su trabajo. En la 18 de Gorina, donde “hay pabellones de trabajadores, evangelistas y población pero no de universitarios” –remarca José– están aprendiendo sobre la Revolución Mexicana. Algunos, porque les sirve para su carrera. Otros, por el solo deseo de aprender. Parece que llega tarde o temprano, pero solamente si alguna vez se la conoce.

* ELBA se consigue en la librería del Centro Cultural de la Cooperación o puede pedirse vía mail a enlosbordesandando@gmail.com. La Resistencia se puede ver en www.laresistenciacud.word press.com. Además, los estudiantes presentarán un anuario de la publicación mañana a las 17 en la sede de Puán de la UBA. La página web de Atrapamuros es www.atrapamuros.org.



http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-25551-2012-06-17.html


La Nacion -26/09/2007

"Las prisiones son un instrumento para que haya más criminales"

Según el sociólogo noruego Nils Christie, el concepto de castigo debe ser revisado

Mediante palabras simples, este profesor de la Universidad de Oslo describe cuestiones complejas, como los conceptos de crimen, sufrimiento y castigo en el sistema penal, y los analiza desde el campo de la criminología.

Autor de varios libros, como Los límites del dolor, Industria del control del delito y Los conflictos como propiedad, Christie vino al país para participar de un congreso de criminología, y aprovechó su visita para conocer mejor el sistema penal argentino, al que califica de “extraño y, a la vez, muy triste”, por la cantidad de presos sin condena que tiene.






Página 12 - 6 de junio de 2012


“No deben ser un privilegio”

Para Fresneda, los derechos humanos tienen que ser “una herramienta de transformación” y “favorecer a los sectores más vulnerables”.




 Por Miguel Jorquera
En su visita al Congreso, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, coincidió con los objetivos que se trazó la comisión que preside Remo Carlotto en la Cámara baja: erradicar la “violencia institucional” y poner fin a los “castigos” que aplican a detenidos las fuerzas penitenciarias y de seguridad, adecuar las legislaciones provinciales a los estándares internacionales sobre la materia y lograr consenso social para avanzar en la construcción de nuevas herramientas que resguarden los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos también emitió dictamen a favor del proyecto que propone cambiar el nombre de la estación ferroviaria de Avellaneda por el de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán –los dos jóvenes piqueteros asesinados por la policía el 26 de junio de 2002–, que podría tener media sanción de Diputados en el décimo aniversario de la llamada Masacre de Avellaneda.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-195732-2012-06-06.html














Infoeme
- 30 de mayo de 2012

 El penal de Sierra Chica al tope de las denuncias por casos de violencia en las cárceles

El Comité Contra la Tortura (CCT) perteneciente a la Comisión Provincial por la Memoria presentó el informe anual sobre los hechos registrados en 2011. Hubo más de 10 mil violaciones de derechos. Unos 7 mil fueron calificados como graves. Más de 200 se registraron en Sierra Chica.

http://www.infoeme.com.ar/noticia.asp?id=53877

Página 12 - Miércoles 30 de mayo de 2012

La herencia positivista

Dos miradas sobre la noticia policial y sus consecuencias en la construcción de los imaginarios colectivos. Juan Pedro Gallardo repasa teorías para sostener que la noticia policial construye caracterizaciones que inciden sobre el orden social.

http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-195195-2012-05-30.html








Página 12 - 20 de mayo de 2012

Luz y sombra


La resistencia oligárquica, trasfondo de la controversia entre Nación y Provincia. Un gobierno blando con los poderosos y cruel con los débiles. Una delegación oficial llevó documentos, salud y planes a las cárceles visitadas por Mariotto. Pero los prisioneros siguen siendo rehenes del mecanismo perverso de prebendas y castigos implantado por un Servicio Penitenciario que conduce al ministerio de Seguridad. La villa como cárcel sin muros, el dilema entre Estado Penal o Estado Social.
 Por Horacio Verbitsky

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-194447-2012-05-20.html

Reclamo urgente de un estudiante detenido, estudiante de la UNSAM

Sr. Vice Gobernador, Gabriel Mariotto:
después de su recorrida por la cárcel de San Martin, y su promesa de que no se iba a trasladar a nadie, fui trasladado, mediante el famoso sistema capeo (modus operandi del Servicio Penitenciario Bonaerense donde grupos especiales, en forma brutal y a base de golpes, torturas y robo de todas las pertenencias trasladan a detenidos enfrentados políticamente con el S.P.B.) a la alcaldía de San Martin, donde fui confinado junto a quien el S.P.B mando a asesinar dos veces: Hugo Alberto Cabrera González, allí entrevistados por miembros del S.P.B.
Por orden de la actual jefa Florencia Piermarini, se nos dio dos opciones: quedar alojados en una celda de 2 x 2 hasta recuperar la libertad o ser trasladados lejos de San Martín a La Plata.
Es así que actualmente nos encontramos muy cerca de usted en la unidad carcelaria 12 de Gorina, pero hemos perdido la posibilidad de continuar estudiando, ya que ambos somos estudiantes avanzados de la UNSAM.
Es así que solicitamos arbitre los medios necesarios con el fin de poder continuar aunque sea nuestras actividades académicas, en aras de orientarnos hacia el compromiso asumido por usted de que no sería nadie trasladado.
Sentimos que quedamos en medio de una cuestión politica que no nos compete y que es evidente que nuestra vulnerabilidad nos convirtió en cadáveres de una cuestión política donde el hilo se corta por lo más delgado.
Estamos a su disposición donde hemos venido a parar ¿quién sabe por qué y por cuánto tiempo?.
Atte.

Fpablo Escobar

DNI 22.425.15, estudiante de la Licenciatura en Sociología de la UNSAM, Cuarto Año



Alegría y dignidad



Los jueves a las 20:00 por Canal Encuentro
   
Sinopsis
Habitantes de diferentes villas del país comparten y dan a conocer actividades artísticas y sociales que llevan a cabo. Un recorrido que nos acerca al conocimiento de sus historias y de sus luchas. Presenta Camilo Blajaquis.
Emisiones
Jueves 03/05: Roca negra
Jueves 10/05: El culebrón timbal
Jueves 17/05: El laberinto de los normales
Jueves 24/05: No podrán vernos mal
  
Repeticiones
Jueves 03:00 / 12:00
Sábados 17:30



Capítulos
El poeta de Gardel
Odisea 20
La revancha de la bailarina
Circo social del sur
Roca negra
El culebrón timbal
El laberinto de los normales
No podrán vernos mal





http://www.encuentro.gov.ar/Event.aspx?Id=755

7 de mayo de 2012

La Facultad de Filosofía y Letras rechaza la admisión de represores como estudiantes

El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió hoy rechazar de "forma categórica" la admisión como estudiantes a procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura.

http://www.telam.com.ar/nota/24370/






8 de mayo de 2012

Continúa el ciclo de cine debate en el CUMB (UP Nº38)
El próximo 8 de mayo a las 11,30 hs se proyectará el largometraje/documental "No tan nuestras", escrito y dirigido por Ramiro Longo


Sinópsis:
NO TAN NUESTRAS describe la odisea humana en la guerra de Malvinas. Abordada desde la dura realidad que enfrenta un veterano de guerra argentino. Sergio Delgado nos relata desde su sorpresivo reclutamiento, la tensa espera del ataque del ejército inglés, el feroz enfrentamiento armado y su posterior experiencia como prisionero de guerra. Una historia llena de incertidumbres que conviven con la cicatriz del frío, el hambre y la muerte. 
De manera conmovedora, Sergio narra su dramática experiencia en la primera línea de frente del Monte Longdon, última barrera de la defensa argentina antes de la rendición. 
NO TAN NUESTRAS hace hincapié en la historia personal detrás de la historia oficial, dejando al desnudo mitos y leyendas que acompañaron al “Conflicto Malvinas” durante las últimas dos décadas.


10 de abril de 2012
Desde el Programa "Educación en Contextos de Encierro" se avanza en la propuesta de actividades de extensión destinadas a detenidos en unidades penales. El jueves 12 de abril se dará inicio al Ciclo de Cine Debate en la Unidad Penal Nº52 de la ciudad de Azul. Allí funciona el Centro de Estudiantes "ALMA", que reúne a estudiantes de carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho.
Se proyectará la película "Verdades Verdaderas" y serán destinatarias las estudiantes universitarias y de la escuela secundaria. Se espera continuar con el ciclo una vez por mes el resto del año.

Reseña de la película:
"Verdades verdaderas" trata sobre la vida de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El film recorre desde los días en los que Estela -una ignota señora de clase media- repartía su tiempo entre su familia y la docencia, hasta un presente de militancia, que el dramaturgo alemán B. Brecht, sin duda calificaría como propia de los “imprescindibles”.
Los ’70, fueron años donde los “aires” de cambio, convocaban en todo el mundo (y particularmente en la argentina) a miles de jóvenes a la militancia revolucionaria. En 1976, una Junta Militar derroca al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Se instala entonces una política de terror que secuestra, tortura asesina y desaparece a más de 30 mil ciudadanos de toda edad y condición social. La familia de Estela, es una de las tantas familias que es afectada y cambia para siempre: el secuestro y asesinato de su hija Laura, el secuestro y posterior liberación de su marido, y el exilio al que se ven forzados sus otros hijos, y la búsqueda… La búsqueda del hijo de Laura: Guido (nacido en cautiverio). Esa búsqueda incansable de más de treinta años, de un grupo de Abuelas, que se hacen militantes de la verdad y la justicia. Que se trasforman en un ejemplo mundial en la lucha por los derechos humanos.
Susu Pecoraro, asume en la ficción el papel de Estela. Alejandro Awada, Laura Novoa, Inés Efron, Fernan Miras y Carlos Portaluppi completan el elenco principal de la película dirigida por Nicolás Gil Lavedra que fuera estrenada a fines de 2011 en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.


Universidad en la Unidad Penal Nº 38 de Provincia de Buenos Aires

(...) se inició en la Unidad Penal Nº 38 el curso de ingreso a la vida universitaria que organiza el “Programa Educación en Contextos de Encierro” de la Facultad

http://bibliotecasabiertas.wordpress.com/2012/03/05/universidad-en-la-unidad-penal-no-38-de-provincia-de-buenos-aires/

Participación de la Facultad de Ciencias Sociales en la  1ª Reunión interuniversitaria sobre Educación en Contextos de Encierro realizada en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), en el marco del IV Congreso Nacional y IX Jornadas Nacionales de Extensión Universitaria, el 11 de Noviembre de 2010. 
http://www.rexuni.edu.ar/node/1644http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-195732-2012-06-06.htmlhttp://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-25551-2012-06-17.html